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CACS y UCIM: Apoyo a la ley de reforma tributaria y dos observaciones

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACS) manifestó su apoyo al Proyecto de Ley de Reforma Tributaria impulsado por el Gobierno Nacional, que se presenta como necesario para reducir la presión fiscal en términos generales.

Aunque tal como está planteada la reforma en los términos actuales, no termina siendo equitativa para aquellas provincias cuyo desarrollo ha sido postergado y para las Pymes a nivel nacional.

Con tal motivo, la cámara nacional elaboró un documento, que tiene la firma de Jorge Luis Di Fiori, presidente de la institución y su secretario, Natalio Mario Grinman, en el cual explica su posición y al cual la Unión Comercial e Industrial de Mendoza adhiere en su totalidad.

Al respecto, Daniel Ariosto, presidente de UCIM expresó: “Desde hace un tiempo, la UCIM viene trabajando en representación de sus asociados sobre la necesidad de una reforma impositiva que deje de ahogar a los pequeños y medianos empresarios, que sea más justa y permita a la vez, contribuir al sostenimiento del estado y al engrandecimiento de nuestra provincia y país, permitiendo a la empresa obtener márgenes de ganancias aceptables”.

“Desde 2016, UCIM ha interactuado de manera intensa con organismos nacionales, provinciales y cámaras de empresarios de toda la provincia para dar a conocer la asfixiante situación de las medianas y pequeñas empresas y sugerir mecanismos que contribuyan a un sistema impositivo más equitativo”.

“Nos parece positiva la iniciativa del Gobierno Nacional con respecto a este tema, asumir el protagonismo que es necesario para la conducción económica del país reconociendo los reclamos de los diversos sectores. Salvo los puntos marcados en el documento de la CACS, referidos a las asimetrías provinciales y a un aumento de la alícuota de las contribuciones patronales para Pymes, consideramos que la ley va a aportar a un proceso de construcción de un sistema impositivo más ajustado a la realidad y a la necesidad de los diversos sectores”, finalizó Ariosto.

El documento

“El anexo I del Decreto 814/2001: establece un diferencial de puntos porcentuales de reconocimiento de IVA sobre las contribuciones patronales, con el objetivo de equiparar la disparidad de costos que tenían -y tienen- las empresas radicadas en las distintas provincias dependiendo de su localización geográfica.

La derogación del este Anexo deviene en una situación perjudicial para determinadas provincias al converger los puntos porcentuales de reconocimiento de IVA a 0% (cero) en un plazo de 5 años. En este sentido, aquellas provincias en peor situación socio económica y con desventajas de localización serán equiparadas con mayor nivel de desarrollo y mejor localización, acentuando las asimetrías regionales.

Esta modificación implica que, si a una empresa se le reconocía un 10.75%, en un plazo de 5 años se le reconocerá 0% –tal como está planteada la reforma –. Esto atenta contra la creación y fomento del empleo formal y privado.

En cuanto a las Contribuciones Patronales: Actualmente, la alícuota correspondiente a contribuciones patronales es del 21% para las grandes empresas y del 17% para las Pymes.

Respecto a este punto, la reforma proyecta una reducción escalonada de la alícuota para las grandes empresas –según art. 2º inc. a Decreto 814/2001- culminando en el año 2022 en un 19.5%; mientras que, para las Pymes –según art. 2º inc. b Decreto 814/2001- se produce un incremento de la misma hasta alcanzar el 19.5%. Esto produce un impacto negativo a la promoción de las pymes, en contradicción con las importantes medidas adoptadas para el sector, especialmente habida cuenta de la capacidad de generación de empleo de las mismas, en orden a los objetivos de crecimiento del empleo formal.

Consideramos que lo expuesto implica evitar la neutralización y en algunos casos, el agravamiento, del costo laboral que la creación del mínimo no imponible en aportes patronales, pretende disminuir. Interpretamos que hasta que se produzcan las modificaciones de infraestructura y de recupero sustentable de economías regionales, se debe mantener la tasa del 17% para las pymes.

Este tipo de medidas no hacen más que quitarle competitividad a esta clase de empresas que son motores esenciales de nuestra economía, especialmente a las radicadas en el interior de nuestro país, al incrementarle los costos laborales.

Adicionalmente y dentro de este marco, aún no ha sido reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional la implementación de programas tendientes a compensar asimetrías y desequilibrios económicos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas radicadas en zonas de frontera tal como establecen los artículos 10 y 11 de la Ley 27.264.

Por otra parte, y más allá de la reforma tributaria comentada, en relación al Pacto Fiscal acordado recientemente entre el Gobierno Nacional y las provincias, en el mismo, no existe una disminución en la proyección de la incidencia de los Ingresos Brutos en el sector comercio, generando una discriminación negativa a nuestro sector que aporta más del 65% del PBI.

Por todo lo anterior, la CAC, como Entidad representante del sector comercio y servicios, que genera dos tercios del empleo privado registrado, aboga por la modificación de los puntos mencionados en la presente”.

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